La obligación de actuar de la Administración está contemplada en numerosas leyes, y en resoluciones cada vez más numerosas dictadas en toda España tales como por ejemplo la LECrim: Artículos 262, 282, 284, 770 y 796 LECrim.

Por supuesto, que el hallazgo de un animal doméstico muerto o herido, exige siempre la actuación de las administrativas y/o judiciales y de las autoridades competentes. Ellas se encargan entre otras muchas realizaciones de la identificación del animal, el inicio de las correspondientes diligencias y si fuera necesario, acudir al lugar del hallazgo con el veterinario adscrito al Ayuntamiento, servicio municipal o Seprona.

Además, por descontado, de la identificación delanimal y aviso al propietario, que deberá decidir el destino del animal fallecido, iniciar las acciones legales que correspondan, solicitar una necropsia y hacerse cargo de los costes del entierro del animal entre otras decisiones.

Las actuaciones de la administración, en concreto de la Policía son también: la averiguación de los delitos de maltrato animal y la persecución de los autores.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, perseguirán de oficio el hallazgo de un animal muerto, pues se trata de un delito público, y con el mismo régimen jurídico que cualquier otro delito público, y que además, no denuncia necesita del ofendido para su persecución, pues difícilmente el ofendido animal, sea cual fuere, muchas veces sin dueño podría denunciar.

Por ejemplo, ante el descubrimiento de un animal herido o muerto, la Policía realizará la lectura del chip tanto si han sido atropellados estén muertos, heridos, lesionados o en cualquier otra circunstancia. Dado que de no realizarse una mínima investigación de la causa de la muerte, estaríamos dejando impunes delitos de maltrato animal.

Por citar otro caso, en una supuesta caída al vacío de un perro, como según los expertos en comportamiento animal, los perros no se suicidan por instinto, la Policía iniciará las acciones necesarias para encontrar y condenar al culpable, puesto que no existe suicidio perruno.

El maltrato animal está incluido en el Código Penal como delito castigado incluso con penas privativas de libertad o multas con la responsabilidad personal subsidiaria. 

La no realización de actuaciones encaminadas a investigar los delitos de maltrato animal, además de infringir las leyes administrativas de sanidad animal y otras normas administrativas de bienestar animal, infringe lo establecido en el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e incluso la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que el cadáver de un animal es el objeto, cuerpo o prueba de un posible delito de abandono, robo o maltrato animal, lo cual exige una investigación como cualquier otro delito incluido en el código penal.

La ausencia de estas actuaciones y de una mínima actividad policial para averiguar tanto la identidad del animal como la posible causa de su muerte, podría suponerla comisión por parte de la policía de un delito de la omisión de perseguir delitosprevistos en el artículo 408 del código penal. La no intervenciónde la policía cuando se encuentra un posible efecto o cuerpo de un delito, supone la infracción de una serie de normas, que afectan también a las policías locales, según las funciones que a la policía local atribuye el art. 53.e), y a las policías autónomas según el art. 38.b), ambos en relación con el 29.2 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de Marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y todo ello en relación con los artículos 4, 5 y 11 de dicha LO.

La no persecución de estos delitos dejaría impunes conductas que tras las preceptivas investigaciones pudieran descubrirse, como delitos cometidos por grupos criminales. Por esta razón, el FBI lo ha incluido entre los delitos federales, ya que está acreditado que en un 90 % de ocasiones, tras los delitos de maltrato animal se esconden otros muchos delitos que son descubiertos a raíz de una investigación inicialmente abierta por maltrato.